Fundación Daya y la regulación del cannabis medicinal en Chile

Nota de deslinde: TrazaGrow no tiene relación ni afiliación con Fundación Daya. Este artículo describe participación pública de la organización en debates regulatorios, con base en fuentes verificables como registros del SAG, la Biblioteca del Congreso y cobertura de prensa establecida. No se realizan afirmaciones sobre la organización que no estén respaldadas por esas fuentes.

2014: el primer acto regulatorio formal #

La participación de Fundación Daya en la regulación chilena comenzó con un acto concreto: el 8 de septiembre de 2014, el SAG autorizó a la organización a cultivar cannabis sativa con fines terapéuticos. Esa autorización —publicada en el sitio del SAG— fue la primera de ese tipo en Chile y sentó un precedente administrativo: el sistema regulatorio existente (Ley 20.000 más facultades del SAG) podía acomodar una solicitud de cultivo con fines medicinales sin necesidad de crear una ley nueva.

Ese precedente fue relevante para los debates legislativos que siguieron, porque demostró que la vía administrativa era técnicamente posible dentro del marco vigente, aunque limitada a organizaciones que pudieran acreditar propósitos científicos o terapéuticos formales.

El proyecto Ley Cultivo Seguro (2017) #

En julio de 2017 fue ingresado a la Cámara de Diputados el proyecto de ley conocido informalmente como "Ley Cultivo Seguro". El proyecto buscaba establecer un marco legal para el cultivo de cannabis destinado a tratamiento medicinal, con autorización y trazabilidad. Según registros de la Cámara, obtuvo un respaldo cercano al 88% en su votación en esa instancia.

Sin embargo, el proyecto ingresó al Senado para su segundo trámite constitucional y no ha completado ese proceso al momento de publicar este artículo. La paralización de ese proyecto dejó sin un marco legal específico al cultivo colectivo en asociaciones cannábicas.

Fundación Daya apoyó públicamente ese proyecto y participó en foros donde se discutió el texto. También realizó presentaciones ante comisiones parlamentarias argumentando la necesidad de distinguir el cultivo medicinal del tráfico en la norma penal.

La Ley 21.575 de 2023: autocultivo con receta #

El cambio legal más significativo de los últimos años para pacientes llegó con la Ley 21.575, promulgada el 23 de mayo de 2023. Esta ley —cuyo objetivo principal era fortalecer la persecución del narcotráfico— incorporó un nuevo inciso al artículo 8 de la Ley 20.000 que reconoce explícitamente el cultivo personal de cannabis como causal de justificación cuando existe receta médica válida.

Los requisitos que fija esa norma incluyen que la receta sea emitida por un médico cirujano, que indique el diagnóstico, el tratamiento, la duración y la forma de administración, y que esta última no sea por combustión. La cantidad de plantas debe ser coherente con la dosis indicada.

• La receta debe estar vigente (máximo seis meses, según orientaciones de Fundación Daya).
• Debe especificar la vía de acceso: farmacia o autocultivo, dado que los requisitos difieren.
• Las plantas deben estar rotuladas con el RUT del paciente y el uso medicinal.
• La cantidad de plantas debe ser proporcional a la dosis indicada; la propia fundación ofrece un calculador en línea.

Participación en el debate constitucional y parlamentario #

Fundación Daya realizó presentaciones ante la Comisión Constitucional de la Cámara durante el proceso que derivó en la Ley 21.575, argumentando la necesidad de criterios claros que distingan el uso personal y medicinal del tráfico. También participó en debates del proceso constituyente de 2021-2022, donde se discutió la posibilidad de incorporar el acceso al cannabis medicinal como materia constitucional.

La fundadora de la organización, Ana María Gazmuri, fue elegida diputada, lo que amplió el canal de incidencia de la perspectiva de la organización en el debate legislativo. En tanto parlamentaria, sus posiciones son de dominio público y están registradas en la Cámara de Diputados.

Estado actual de la regulación #

Al momento de publicar este artículo, el panorama regulatorio para el cannabis medicinal en Chile incluye: el artículo 50 de la Ley 20.000 (consumo personal como atenuante o eximente a criterio del juez), el nuevo inciso del artículo 8 incorporado por la Ley 21.575 (autocultivo con receta), y la posibilidad de obtener autorización del SAG para proyectos de investigación o fines específicos.

Lo que no existe es un marco legal que autorice expresamente el cultivo colectivo en asociaciones cannábicas. Esa es la materia que el proyecto Ley Cultivo Seguro intentó resolver y que permanece sin respuesta legislativa definitiva.

Para las asociaciones que operan en ese contexto, la documentación ordenada y fechada de cada etapa del cultivo y la distribución es la herramienta central para acreditar ante tribunales que la actividad se enmarca en el consumo personal de los socios y no en el tráfico.